The company must pay the penalty within 15 working days.
New Zealand.- The Auckland High Court has approved a NZ$4.16m (US$2.54m) settlement agreement stemming from civil penalty proceedings against SkyCity Entertainment Group for breaches of the New Zealand Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009. SkyCity has also been ordered to pay the Department of Internal Affairs’ legal costs. The civil penalty must be paid within 15 working days.
In May, the company admitted that it breached its obligations to undertake and review a risk assessment, establish, implement, and maintain a fully compliant AML/CFT compliance programme, adequately conduct account monitoring, conduct enhanced customer due diligence and terminate business relationships when required. The failures occurred between February 2018 and March 2023.
John Sneyd, general manager regulatory services, DIA, said: “We are pleased the Court, DIA and SkyCity were able to finalise the settlement agreement promptly. For us to achieve this without years of court proceedings and legal costs is a great outcome.
“Casinos can be an attractive way for criminals to launder proceeds of crime. We cannot take the risk that criminals might choose New Zealand casinos as a way of cleaning their dirty money. Casinos must have robust processes in place to protect them from misuse.
“We are satisfied that SkyCity admitted responsibility for their significant failings alongside their continued improvement to meet their AML/CFT obligations, to make sure breaches like these don’t happen again.
“DIA is steadfast in its commitment as a supervisor in New Zealand’s AML/CFT system and this result shows that if a business fails to meet its AML/CFT obligations, we will act accordingly.”
In a separate press release, Jason Walbridge, SkyCity’s chief executive officer said, “SkyCity is aware that, as a casino operator, we have a responsibility to combat money laundering and terrorism financing.
“This is a responsibility we take very seriously. We will continue to upgrade our anti-money laundering and counter-terrorism financing systems to ensure we meet both our regulatory obligations and the expectations of the communities in which we operate.”
SkyCity posted a net loss after tax of NZ$143.3m (US$88.3m) for the fiscal year 2024 due to accounting adjustments, including an AU$86.2m (US$57.5m) impairment of the SkyCity Adelaide assets and a tax adjustment of NZ$129.6m (US$78.4m) following changes to New Zealand tax legislation.
Revenue was up 0.3 per cent year-on-year to NZ$928.5m (US$572m) while earnings before interest, tax, depreciation, and amortisation (EBITDA) fell by 16.7 per cent to NZ$138.2m (US$85.15m). The company attributed the decline to a difficult operating environment and the impact of accounting adjustments.
Auckland generated 65 per cent of revenue, followed by Adelaide (26 per cent) and Hamilton (7 per cent). Gaming revenue was down 2.9 per cent year-on-year to NZ$727.7m (US$448.34m) while online gaming revenue fell by 39.2 per cent to NZ$9.3m (US$5.73m). The casino operator recorded 7 million visitors its four sites.
La superintendenta de Casinos de Juego, Vivien Villagrán, se refirió a la denuncia de la Fiscalía Nacional Económica.
Chile.- Sigue creciendo la polémica en Chile luego de que a principios de octubre la FNE presentara un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra Dreams, Enjoy, Marina del Sol y contra cinco altos directivos de estas empresas acusándolos de haberse coludido para afectar el resultado de las licitaciones de casinos en 2020 y 2021. Esta vez, fue el turno de la superintendenta de Casinos de Juego, Vivien Villagrán, de hablar acerca de la investigación en curso.
En una extensa entrevista publicada por el medio local El Mercurio este domingo 13 de octubre, Villagrán se refirió a la denuncia de la Fiscalía Nacional Económica y dijo: “Estas semanas han sido intensas y desafiantes”.
La investigación fue impulsada por la Superintendencia de Casinos de Juegos ya que fueron los primeros en entregar antecedentes a la FNE: “El ideal es que esto nunca hubiese ocurrido, pero aquí hay un regulador que ha sido bastante diligente en revisar cómo funciona la industria y el marco que la ley le provee”, enfatizó Villagrán en la entrevista.
Respecto a las alertas que se encendieron en la SCJ, la superintendenta dijo: “Fueron tres licitaciones, para las que vimos que se habían constituido cerca de 18 nuevas sociedades, más los 12 postulantes que había, por lo que intuimos que habría competencia en cada una de las plazas. La primera presentación de ofertas fue el 18 de octubre del 2021 y se nos levantó una primera alerta, porque salvo la plaza de Copiapó, no había competencia y eran plazas que eran muy atractivas. Este proceso se desarrolló en tres momentos y vimos que el patrón se repetía: salvo en Copiapó y Talca, todo el resto era una oferta del continuador. Concluye el 3 de enero de 2022 y en febrero presentamos antecedentes a la FNE”.
Sin embargo, explicó que no pudieron detener el proceso ya que en un Estado de Derecho se garantiza la presunción de inocencia: La superintendencia tenía indicios, pero un indicio no es una prueba dura y fehaciente”, dijo y agregó: “La ley es bien taxativa, dice que hay dos causales para dejar a alguien fuera. Y en ninguno de esos casos está contemplada una presunta investigación por colusión. Seguimos adelante, abrimos las ofertas económicas y los montos nos llamaron poderosamente la atención. Otra evidencia de que podían existir indicios de una acción colusoria”.
Además, Villagrán enfatizó que las ofertas eran “muy bajas”. “La oferta más alta fue en una plaza en que se compitió: Copiapó, cerca de 76.000 UF anuales. Ese casino es mediano, con ingresos en torno al 4 por ciento y aportaron más del 34 por ciento del valor de las ofertas presentadas. Contrastada con ofertas que presentaron otros casinos, obviamente hacía ruido, pero no tengo facultad para no entregar los permisos si tengo una sospecha”.
Ver también: Investigación por supuesta colusión de casinos en Chile: el propietario del casino de Colchagua habló sobre el caso
Consultada por El Mercurio sobre la intención de Corporación Meier de parar el proceso ante el TDLC, cuando la SCJ defendió la continuidad, la funcionaria dijo: “Uno tiene que ser responsable. El fisco, los gobiernos regionales y los municipios se ven beneficiados de las externalidades más positivas que tiene el desarrollo de esta industria. Un casino es contar con un atributo que promueve el desarrollo turístico, recibir una parte de los impuestos, al igual que el gobierno regional. Cuando se cierra un casino, tenemos una muy mala noticia, se pierde una fuente de ingresos. Si hubiese suspendido un proceso, hubiese tenido que cerrar casinos, ¿cuál habría sido la crítica?”.
Y agregó: “Me importa que esta industria funcione bien, sea sustentable, competitiva. Cuando no logro generar continuidad operacional, hay una pérdida para el fisco importante. Debemos continuar con los permisos de operación, si no, tengo que levantar un argumento sólido de algo que esté juzgado y cerrado. No puedo levantar un argumento sobre la base de hipótesis”.
Villagrán también se refirió al proyecto de ley que regularía el juego online y dijo: “Contar con una ley que regule las plataformas de apuestas es la posibilidad de que la industria tenga un espacio de crecimiento interesante”.
En la entrevista con El Mercurio, la funcionaria también fue consultada por el decreto de Hacienda que permite devolver licencias, sin embargo, Villagrán contestó: “Del decreto en particular no me voy a referir porque lo tramita Hacienda, sí quiero explicar que la SCJ ha tratado de actuar técnicamente y en resguardo de los intereses del fisco, las comunas y los gobiernos regionales. Muchas veces se hacen lecturas que tienen que ver con consideraciones políticas y no técnicas”.
Por otra parte, habló acerca de la posibilidad de volver a licitar las plazas: “Si volvemos a licitar, hay aspectos que podemos mejorar para volver más atractivas las licitaciones en el ámbito de la superintendencia, pero también hay aspectos que uno podría revisar legalmente”.
Asimismo, consideró que es una tremenda oportunidad para ordenar las cosas: “Como superintendencia podemos presentar todas las sugerencias de mejora, pero el Ejecutivo tiene que ponderar. Ya hicimos una primera revisión de nuestras bases técnicas, tenemos una serie de información que conversar con el Ejecutivo y plantearle qué cosas se pueden ajustar de aquí a un mes más, a más tardar”, declaró y agregó que “hay una oportunidad de mejora en traducir los recursos que reciben los municipios en mejoras sustantivas en los territorios”.
También dijo que espera que cuando este proceso avance y llegue a conclusiones a firme, el planteamiento de la FNE sea “lo suficientemente riguroso para dar una señal clara y potente de que se espera que esta industria actúe de manera competitiva”.
Respecto a las multas históricas impuestas por la FNE, la superintendenta le dijo al diario chileno que no cree que hagan quebrar la industria y explicó: “Esta industria paga en impuestos cerca de USD195m y son multas de USD144m, aproximadamente. Si se prueba la colusión, sus márgenes de ganancias han crecido de manera impresionante, por lo que hay recursos para que puedan pagar”.
